¿Veta o no veta España la escala a barcos mercantes cargados de armas para Israel?

El tránsito por puertos españoles de barcos sospechosos de portar armamentos y material de uso militar con destino a Israel sigue causando indignación entre diversos actores sociales y políticos, toda vez que el Gobierno de España asegura que desde el 7 de octubre de 2023 ya no se permite que hagan escala, ni tampoco se autoriza ninguna compra o venta de armas al Estado hebreo.

El Ministerio de Defensa español reconoció, a finales de octubre, la existencia en 2024 de contratos aún "pendientes" y no especifica en qué fecha exacta se procedió a su suspenso. En mayo, producto de la denuncia y presión por parte de diversas organizaciones sociales, se abortó la escala en Cartagena de dos cargueros con armas a bordo y con destino a puertos israelíes. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijo entonces que era el "primer barco" detectado por las autoridades españolas cuyo arribo podía infringir la Ley de comercio de armas.

En julio, la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras denegó la entrada al Overseas Santorini, un buque que transportaba keroseno para los aviones de combate israelíes F-16 y F-35. Y el 6 de noviembre, el Gobierno hizo lo propio con otros dos barcos procedentes de EEUU, el Maersk Denver y el Maersk Seletar, sospechosos de transportar material bélico para Israel. La segunda nave tenía prevista su llegada el día 14. ¿Están actuando con prestancia las autoridades españolas en todos los casos?

En relación con estos dos buques y con otros anteriores, el Gobierno español deniega las escalas una vez se entablan protestas y denuncias. En el caso actual del Maersk Denver y del Maersk Seletar, las autoridades actúan con posterioridad a la publicación de una investigación de las organizaciones Progressive International y Palestinian Youth Movement.

De sus datos se infiere que, solo entre mayo y septiembre del año en curso, un mínimo de 25 barcos procedentes de puertos de EEUU, cargados con casi 13.000 toneladas de material armamentístico y de doble uso civil/militar, hicieron escala en el puerto de Algeciras antes de dirigirse a su destino final en Israel. Otras 8.618 toneladas pasaron por los puertos de Valencia y Barcelona en el mismo espacio de tiempo.

Valiéndose de estas informaciones, varios partidos políticos, como Sumar y Podemos, pidieron explicaciones en el Parlamento. Izquierda Unida (IU) presentó además una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para solicitar una investigación.

Es decir, la presión que emana de la publicación de esos datos generó un eco político que el Gobierno español terminó por no obviar, máxime cuando IU integra la coalición Sumar y esta, a su vez, el Gobierno de coalición junto al PSOE de Pedro Sánchez. Como resultado, los dos buques denunciados desviaron su ruta, luego de elegir para su escala el puerto de Tánger Med, en Marruecos.

Sin protocolo de inspección

La conclusión es evidente: apenas se investiga un poco, se constata que las escalas de estos buques en puertos españoles no se reducen a casos aislados.

"Los datos evidencian un problema estructural, el tránsito de todos estos barcos no responde a hechos puntuales y estamos convencidos de que hay muchos más", explica a Sputnik Ana Sánchez, portavoz de la Red Española de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), organización que alertó en mayo de la intención del carguero Borkum de recalar en el puerto de Cartagena y que tiene "documentado", incluso, el transbordo de cargamentos militares "en los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona".

"Llevamos semanas insistiendo en que necesitamos responder de una manera sistemática a este tránsito sistemático", afirma esta portavoz. A juicio de RESCOP, los tránsitos se realizan "de forma fraudulenta", dado que el Gobierno español afirma que no los autoriza.

"Si el Gobierno no es capaz de saber lo que pasa por los puertos y no puede garantizar el cumplimiento de la Ley de Comercio de Armas y la Convención para la Prevención del Genocidio, entonces habrá que establecer unos mecanismos excepcionales", explica Ana Sánchez.

Tal mecanismo es un protocolo de inspección de los barcos con destino a Israel. Dado el contraste entre las afirmaciones del Gobierno y la tozudez de los datos, el día 12 una veintena de sindicatos españoles, entre los que destacan CCOO, CGT, UGT, ELA, SAT y LAB, terminaron por hacerse eco de esta demanda y dirigieron una carta al ministro de Transporte para reclamar la puesta en marcha de un "protocolo de inspección sistemática" y un "embargo de armas completo e inmediato a Israel".

"La Ley Española de Comercio de Armas (artículo 11) autoriza la retención de este material en tránsito cuando pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, exacerben conflictos, o violen los derechos humanos (artículo 8)", exponen los firmantes, que recuerdan que Israel es objeto de investigación por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia. "Un genocidio no se mantiene por sí solo, necesita cómplices y apoyos internacionales", añaden.

Este mecanismo podría poner fin a una situación "de opacidad y desconocimiento", tal y como la describen en RESCOP. "Porque uno de los problemas que nos comentan los propios trabajadores portuarios es que ellos tampoco saben cuál es la carga, porque el manifiesto de cargo no siempre refleja de manera transparente lo que hay en los contenedores", explica Ana Sánchez.

¿Qué transportan los buques?

Su armador, la naviera danesa Maersk, negó que los barcos rechazados transporten armas para Israel, más allá de un cargamento "legal" en virtud de un programa de cooperación en materia de seguridad entre Washington y Tel-Aviv.

En un comunicado dirigido a la prensa francesa, Maersk afirma haber preguntado a las autoridades españolas por qué deniegan el transbordo de un cargamento "no distinto al de envíos anteriores, que de manera rutinaria se venía transfiriendo a otros buques en el mismo puerto sin incidentes".