Funcionarios salteños justificaron la represión en la que murió un trabajador de frontera

El asesinato del trabajador Fernando Martín Gómez en Orán, Salta, en la madrugada del miércoles mientras pasaba hojas de coca, disparó distintas lecturas. Desde el supuesto combate contra el crimen organizado para criminalizar a los obreros de la frontera hasta algunas hipótesis de los funcionarios locales, que justificaron la represión y sostuvieron que le quisieron “tirar un muerto a Bullrich”.

"Esto es un crimen de Estado", aseguró tajante el abogado oranense David Leiva, impulsor de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado. Leiva recordó que Gómez, de 27 años de edad y padre de tres hijos pequeños, murió instantáneamente tras recibir una bala en el pecho tras la represión de la Gendarmería.

El abogado afirmó que existe un relato que quiere transformar “a Orán en Sinaloa”, lo cual es “un invento periodístico” de medios de comunicación que suelen identificarse con la derecha y el gobierno nacional. “Están diciendo que la droga en Orán se encuentra en las calles”. Con esa percepción “están creando un enemigo público”, sostuvo.

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán está a solo 41 minutos del paso internacional que comunica con el Estado Plurinacional de Bolivia. El último pueblito argentino es Aguas Blancas, pero apenas cruzado el río Bermejo se encuentra la ciudad boliviana de Bermejo, con sus comercios, tan requeridos por compradores de la Argentina, de la zona y del resto del país, que llegan en viajes de compras. En Orán, y más en Aguas Blancas, cruzar la frontera en uno u otro sentido es habitual. Con la devaluación del peso boliviano respecto al argentino, los vecinos van de manera particular a hacer sus compras, muchas veces de manera cotidiana. “Si concurrimos es para comprar más barato”, señaló Leiva.

El abogado insistió en que con la lógica de crear al enemigo público se suprimen derechos. “No importa lo que sean. Todas las personas tienen derechos ciudadanos que hay que proteger y que están en los códigos procesales y penales”, recordó. “Todo eso desaparece cuando se le mete un tiro a una persona”, aseguró. Así pasó con Fernando Gómez y, recordó Leiva, con Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, ambos asesinados por fuerzas de seguridad mientras la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ocupaba ese cargo durante el macrismo.

“Es separar la paja del trigo”

Por su parte, el intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, azuzaron la hipótesis de una maniobra para desestabilizar el Plan Güemes, lanzado por Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz el 10 de diciembre que, con el argumento de "darle fin al narcotráfico", instaló por primera vez un puesto de la Prefectura Naval Argentina en esa zona.

En diálogo con Radio Aries, Lara Gros afirmó que “los sucesos fueron con un pequeño grupo de trabajadores… se confirmó esta mañana que tenían droga y ahí fue que surge el problema”. El funcionario se refirió a los 51 kilogramos de cocaína que, según informó la Gendarmería Nacional, estaba escondida entre los bultos que los "coqueros" transportaban, entre los que también había más de 200 kilogramos de hojas de coca. Esta información se dió a conocer un día después del asesinato de Gómez.

El intendente también trató de quitarle peso a la batalla campal que se produjo durante el miércoles entre habitantes de tres barrios de Orán y las fuerzas de Seguridad. "Acá no hay ninguna pueblada ni nada”, aseguró antes de afirmar que hay quienes quieren que el Plan Güemes fracase y generan miedo en la sociedad. “Vaya a saber quién financia eso”, dijo al apuntar a presuntos narcotraficantes.

Sobre el operativo desplegado, sostuvo que “lo que se quiere hacer con este Plan es separar la paja del trigo”. “No fueron un par de piedras las que tiraron, sino muchas”, dijo sobre los incidentes desatados desde la madrugada del miércoles. Los bagayeros y vecinos respondieron con piedras a los disparos de balas “anti tumulto”, según afirma la Gendarmería, aunque se está tratando de establecer si Gómez no recibió una bala de plomo.

El interventor Zigarán insistió en esta línea: "no sería de extrañar que los jefes de esta gente (los pasadores de hojas de coca) los hayan mandado a recuperar (los bultos abandonados cuando fueron descubiertos cruzando la frontera por un paso no legal), y en el medio hayan matado a uno de ellos para tirarle un muerto a Bullrich”.

Los hechos están siendo investigados por las fiscalías federales de Orán y Tartagal, que desplegaron numerosas medidas para esclarecer lo acontecido. Ayer hubo allanamientos en distintos zonas de la ciudad pero se desconocen los motivos. Estas medidas, la represión y la mayor presencia de fuerzas de seguridad vienen generando un estado de inquietud en la zona de las Yungas.

Por otro lado, el Comité Provincial contra la Tortura y tratos Crueles e Inhumanos de la provincia pidió informes para conocer en detalle los acontecimientos que terminaron en la muerte de Gómez.

En la represión del miércoles hubo también más de veinte personas con heridas de distinta consideración. Un trabajador que recibió un disparo en la cabeza sigue en grave estado de salud en el Hospital de Orán, y pese a la repercusión que tuvo el hecho a nivel nacional, el jueves en la Cámara de Senadores ninguno de los legisladores se expidió al respecto.